Constitución

Al menos dos parlamentarios oficialistas de la región indicaron que los $24.258 millones que fueron destinados para la consulta ciudadana vinculante podrían ser utilizados para enfrentar la crisis sanitaria que está generando el Covid-19. El martes la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó el proyecto de ley que modifica todo el calendario electoral que estaba programado para el 2020.

El doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, y exmilitante del Partido Socialista pone el acento en que, de ganar la opción Apruebo, todo lo que esté contenido en la carta magna será la expresión de una amplia mayoría ya que se requieren dos tercios de la votación de los convecionales para “escribir cualquier cosa en la hoja en blanco”. De igual forma, expresa que este proceso es la única salida a la crisis que vive el país.

Durante el foro Voces Al Día, el presidente regional del gremialismo, Óscar Tapia, aseguró que las indicaciones de paridad de género y escaños reservados en el proceso constituyente –las que fueron rechazadas durante la tarde- no estaban dentro del acuerdo suscrito el 15 de noviembre, por lo que no debían aprobarse, lo que fue respaldado por la ex Gobernadora Daniela Norambuena. Desde Convergencia Social, su vocero José Fuentes y desde la CUT, el presidente provincial de Elqui, Jaime Ramírez, coincidieron en que el contexto social ameritaba garantizar desde ya la participación femenina.

La página web www.chilequequeremos.cl busca recoger las propuestas de la comunidad, crear diálogos y ser un espacio de escucha social. La instancia la ejecutarán los ministerios de Desarrollo Social y Familia, Secretaría General de Gobierno, Ciencias y Agricultura y el informe final estaría para mayo del 2020.

La propuesta de los parlamentarios contiene amplios mecanismos de participación ciudadana y, si se cumplen los plazos previstos, la nueva Carta Magna puede entrar en vigencia el año 2021.