• El organismo público para el resguardo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes emitió un comunicado frente a la situación que enfrentaron los jóvenes que no pudieron rendir la PSU
    El organismo público para el resguardo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes emitió un comunicado frente a la situación que enfrentaron los jóvenes que no pudieron rendir la PSU
Crédito fotografía: 
Emol
Desde la entidad indicaron que ejecutarán acciones judiciales para que los jóvenes menores de 18 años que no pudieron dar la prueba "vean asegurada la igualdad ante la ley y tengan la posibilidad cierta de rendir la prueba"

La Defensoría de la Niñez cuestionó varias de las medidas tomadas por el Gobierno tras el boicot a la PSU a principios de esta semana, afirmando entre otras cosas que la Ley de Seguridad del Estado no es aplicable a menores de edad.

El organismo se refirió a estos hechos, tras constatar “la manifiesta incapacidad del Estado, a través de los organismos competentes, de asegurar el proceso de selección universitaria año 2020”.

“Velaremos por el resguardo y respeto efectivo del derecho al acceso a la educación de cualquier niño, niña o adolescente que viva en Chile, derecho contenido en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile, que no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias y que, incluso, debe ser asegurado a quienes se encuentran privados/as de libertad”. Defensoría de la Niñez.

En la oportunidad, la Defensoría de la Niñez indicó que ejecutarán acciones judiciales para que los jóvenes que no pudieron dar la prueba tras la decisión del Demre y el CRUCh tras el boicot “vean asegurada la igualdad ante la ley y tengan la posibilidad cierta de rendir una prueba que pudiera favorecer su situación de ingreso a la universidad, así como también, en algunos casos, concretar la debida rendición de dicha prueba como requisito atingente a algunas carreras universitarias”.

Junto con esto, rechazaron la advertencia del Gobierno sobre excluir del proceso a los menores que participaron en el boicot.

“Velaremos por el resguardo y respeto efectivo del derecho al acceso a la educación de ellos y ellas como el de cualquier niño, niña o adolescente que viva en Chile, derecho contenido en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile, que no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias y que, incluso, debe ser asegurado a quienes se encuentran privados/as de libertad”, informaron.

Finalmente, aseguraron que la Ley de Seguridad del Estado no es aplicable a menores de edad en el país conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Esto, por cuanto “respecto de las y los adolescentes, el mandato y obligación para Chile, en virtud de su ratificación, el año 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño, es la operación de una justicia especializada y específica para adolescentes”.

Ésta se encuentra contenida en la Ley N° 20.084, detallaron, “cuyos principios rectores y objetivos, partiendo por el resguardo efectivo del interés superior de los adolescentes, no se condice con la aplicación de la citada Ley de Seguridad Interior del Estado”.

 

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