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Referencial / CNN Chile
La Policía de Investigaciones (PDI) allanó esta semana la municipalidad y se incautó de documentos, mientras que un candidato a diputado presentó una querella por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y contratación ilegal de funcionarios. 

La Fiscalía chilena investiga una supuesta trama de corrupción en el municipio capitalino de San Ramón, que tiene en la picota al alcalde, un histórico militante del Partido Socialista (PS) que ha sido acusado de contratar a miembros de una banda de narcotraficantes, informaron hoy fuentes del caso.

Las presuntas irregularidades fueron reveladas el domingo pasado en un reportaje "Informe Especial", de la red pública Televisión Nacional (TVN), y motivaron a la Fiscalía a abrir una investigación y ordenar el allanamiento de las oficinas de la municipalidad de San Ramón, un barrio obrero situado al sur de Santiago.

Los dardos apuntan al alcalde, Miguel Ángel Aguilera, que ante el escándalo solicitó suspender su militancia en el Partido Socialista, donde tenía un cargo de vicepresidente y encargado del ordenamiento territorial.

El reportaje televisivo denunció la presunta existencia de pagos irregulares, nepotismo y nexos con mafias dedicadas al narcotráfico en la alcaldía de San Ramón, irregularidades vinculadas con el círculo más cercano del alcalde.

El programa expuso el caso de Pedro Jaque, que tiene antecedentes penales por agresiones y amenazas, y mantiene dos contratos de trabajo con el departamento de Salud del municipio.

O el de Francisco Olguín, jefe de gabinete del alcalde, que tiene un sueldo de unos 800 dólares y aparecía conduciendo vehículos de alta gama en las barriadas del municipio.

También se denunció que José Luis Carrera, cuñado del alcalde, está contratado como jefe de recintos deportivos con un sueldo de unos 1.600 dólares mensuales.

Según el reportaje, Carrera tiene vínculos personales con Jorge Pinto, el cabecilla de una conocida banda de narcotraficantes que opera en una peligrosa barriada de San Ramón.

Pinto, que ha estado varias veces en la cárcel, fue contratado por la municipalidad para trabajar en el departamento de áreas verdes en marzo pasado, un mes después salir de prisión por última vez, pese a que la ley lo prohíbe.

La revelación del caso ha abierto otras aristas como la denuncia por amenazas de muerte contra Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, otro municipio conflictivo, vecino de San Ramón.

Según dijo la alcaldesa a radio Cooperativa, las amenazas provienen de funcionarios de la municipalidad de San Ramón que la acusan de crear un montaje para perjudicar al alcalde Miguel Ángel Aguilera.

Pizarro acusó directamente a Francisco Olguín, jefe de gabinete del alcalde, y aseguró que llamó a un familiar suyo para decirle que "nos van a matar, que nos cuidemos".

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó esta semana la municipalidad y se incautó de documentos, mientras que un candidato a diputado presentó una querella por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y contratación ilegal de funcionarios. 

 

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