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Lautaro Carmona
Mientras quienes apoyan el desarrollo minero portuario destacan su aporte al empleo y sobre todo a la economía dada su inversión; sus detractores cuestionan un supuesto impacto en el Medio Ambiente local. A comienzos de febrero, dirigentes de la Asociación Comunal de La Higuera dejaron una carta al Consejo Regional de Coquimbo para respaldar su apoyo a la iniciativa y solicitar un pronunciamiento acerca de ella.

Desde las 15.00 horas de hoy y en las instalaciones de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, comenzarán los alegatos acerca de la calidad ambiental de Dominga.

Nuevo episodio en la tramitación del proyecto, que se da tras el rechazo de la Corte Suprema a la reclamación deducida por su titular, Andes Iron, vinculada a la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros.

Argumentos por los que determinó devolver la iniciativa al Primer Tribunal Ambiental (1TA) y que esta “a través de ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento”.

Capítulo que se agregará a la ya amplia historia de materialización del desarrollo minero portuario, el que a estas alturas ya no solo se refiere a su evaluación ambiental sino que también a una serie opiniones en el ámbito social y hasta político.

Aspecto en el que varias son las entidades y personalidades que han ido tomando posición a favor o en contra.

En este sentido, a inicios de febrero dirigentes de la Asociación Comunal de La Higuera decidieron dejar una carta al Consejo Regional de Coquimbo para respaldar su apoyo a Dominga y solicitar un pronunciamiento acerca de ella.

“Hace mucho tiempo atrás, (decimos) que mucha gente de afuera interviene en nuestra comuna, siendo que nosotros somos los que vivimos todo el año. Creemos en este proyecto y venimos trabajando hace mucho tiempo. Tenemos a nuestro haber una consulta ciudadana que fue categórica en decir que nosotros sí aprobamos proyectos mineros”, afirmó en la ocasión, su vocero Alexis Sánchez.

Pero no estuvieron solos, ya que representantes de estibadores de Coquimbo, juntas de vecinos de Las Compañías y otros sectores de La Serena, además del Movimiento No + Desempleo, llegaron a acompañarlos.

En tanto, el integrante de esta última agrupación, Óscar Trigo, manifestó que “tenemos familias atrás y este proyecto nos garantiza una cantidad de trabajo en la región. Estamos esperando que los políticos y la gente se puedan pronunciar por el tema. Los informes medioambientales son claros, están diciendo que  Dominga es sustentable con el medio ambiente”.

Es así como el documento fue recepcionado en la secretaría del Core y posteriormente distribuido a cada uno de sus integrantes.

Precisamente El Día dialogó con algunos de estos consejeros para conocer su opinión y de esta forma, transparentar su posición acerca del desarrollo a pocas horas enfrentar un nuevo y quizás definitorio, episodio para su construcción.

Es así como la presidenta del Consejo Regional, Adriana Peñafiel, señaló que en la entidad gremial, “en términos generales, yo podría decir que la opinión es favorable, salvo algunas minorías, respecto a la aprobación el proyecto Dominga por lo que significa en materia de generación de fuentes laborales y del impacto que tendría sobre la economía regional una inversión de esta naturaleza”.

En relación a esto, reveló que personalmente “una inversión de esta naturaleza, con la oportunidad de trabajo…que son sobre 9 mil puestos los que podría tener nuestra región, es importante y es significativo”.

En tanto, junto con destacar que el Core ha apoyado esta iniciativa por “unanimidad o mayoría”, Marcelo Castagneto aseveró que “este proyecto ha seguido todos los pasos, todas las calificaciones y fue rechazado en forma arbitraria y con un tinte político que ha sido muy grave para el desarrollo regional”.

Motivo por el que, complementó, si cumple con la normativa ambiental tal como lo ha hecho hasta el momento, tiene su apoyo.

Por su parte, el consejero regional por la Provincia de Elqui, Javier Vega, sostuvo que “estoy en desacuerdo con este proyecto por todo lo que implica para el desarrollo del sector costero de la región”.

También se refirió a esto, Cristian Carriel quien dijo que “yo nunca he tomado una posición de estar a favor o en contra, porque al Consejo Regional no le corresponde ese proceso sino que tiene que velar porque el territorio crezca en equilibrio y que se generen las garantías para el desarrollo social, cultural y económico”.

En tanto, Carlos Galleguillos aseveró que la iniciativa tiene su rechazo. “Al asumir mi presidencia en la Comisión de Medio Ambiente, Energía y Minería lo primero que hice fue invitar a los empresarios de Dominga y la verdad es que no me dejaron personalmente satisfecho con lo que plantearon (…) se llamó en privado a muchos consejeros, a mí también me invitaron a conversar a un lugar pero no fui ¿Entonces cuál es el interés de llegar a comprar conciencias por instalar una empresa minera allí?”.

Finalmente, el representante por el Elqui, Marco Antonio Sulantay, afirmó que “mi posición es absolutamente de apoyo y así lo he mantenido desde un principio. No he variado mi postura. En mi criterio, siempre y cuando se cumplan con todos los requerimientos que el Tribunal Ambiental y que todos los organismos relacionados al Medio Ambiente lo estimen conveniente, yo creo que este proyecto debe ser aprobado”.

La posición de la ONG Oceana

En tanto, desde la ONG Oceana, una de la entidades de defensa del Medio Ambiente que más férreamente ha mostrado su rechazo a Dominga, sostuvieron que en los alegatos participarán los abogados de las partes contrarias al proyecto entre las que se cuentan el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA), el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y Oceana, entre otros, además del Servicio de Evaluación Ambiental en representación del Comité de Ministros y los abogados de la empresa.

“Tras confirmar que los rechazos a Dominga entregados por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y del Comité de Ministros cumplieron con la normativa, la Corte Suprema ordenó al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) revisar el proyecto y esta vez enfocarse en los aspectos técnicos y ambientales. Hay que recordar que anteriormente el 1TA ya había conocido este caso, determinando que el proyecto se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo por considerar que el rechazo no había cumplido con las formalidades requeridas en la normativa, sin pronunciarse sobre el fondo. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó esa sentencia”, concluyeron.

"Hay que respetar la institucionalidad"

Desde Antofagasta, a donde llegó para escuchar los alegatos, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, aseguró que lo “que aquí hay que hacer es respetar la institucionalidad. El Servicio de Evaluación Ambiental, en marzo del 2017 cuando este proyecto se lleva a votación por primera vez, establece que recomienda aprobar…sin embargo, fue rechazado por la mesa que integran los seremis y el intendente. En ese momento creo que se le hace un daño tremendo a la institucionalidad”.

“El proyecto sea aprobado o rechazado, lo que hay que hacer es mantener la institucionalidad vigente y que se le permita dar seguridad a los inversores”, finalizó. 

 

"Sigo sin entender porque se rechazó"

También se refirió a la contigencia de la iniciativa, fue el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien mediante un comunicado público sostuvo que “sigo sin entender por qué el Comité de Ministros dictó una resolución de rechazo del proyecto Dominga, sin considerar ni analizar los antecedentes de hecho y técnicos contenidos en el expediente, lo que (a diferencia de lo indicado por el comité de la época) dan cuenta de una completa y exhaustiva evaluación ambiental.

Esta decisión careció de una debida motivación y no se ajustó a la evaluación realizada por el SEA del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Las decisiones del Comité de Ministros deben ser fundadas desde el punto de vista jurídico y ambiental. En caso contrario, esas decisiones administrativas son arbitrarias e ilegales”. 

 

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