• El alcalde Roberto Jacob fue enfático en señalar que los funcionarios tienen derecho a presentar su defensa y que el concejo tienen facultades para investigar antes de tomar una decisión.
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Andrea Cantillares
La polémica se inició luego que el concejo municipal de La Serena acordara iniciar una investigación sumaria para aclarar la solicitud del cargo que hiciera la jueza de esa repartición a una funcionaria.

Lejos de terminar se encuentra la polémica entre el concejo comunal de La Serena y Marcela Muñoz, jueza del Primer Juzgado de Policía Local. La controversia se generó luego que la jueza decidiera pedir el cargo a una trabajadora de esa repartición; por lo cual, el concejo comunal decidió iniciar una investigación sumaria para esclarecer los hechos y que la funcionaria tuviera la oportunidad de defenderse antes de visar la decisión de la jueza.

Sin embargo, luego que se conociera la decisión del cuerpo colegiado, Muñoz decidió enviar una carta para lo que denominó aclarar conceptos y situaciones.

DEPENDENCIAS DE LA CORTE DE APELACIONES

Tras el anuncio del sumario, el alcalde Roberto Jacob había explicado a la prensa que la investigación estaba dentro de las atribuciones del cuerpo colegiado, “para poder remover a los funcionarios de los juzgados, tiene que pasar obligatoriamente por el concejo”, recordó.

“Es nuestra obligación establecer los hechos y aquí los antecedentes que tenemos son los que pone la jueza a disposición solamente”, indicó en esa oportunidad para justificar la decisión. No obstante, en una carta que consta de seis puntos, Marcela Muñoz señaló que conforme al artículo 8 de la Ley 15.231, que fija la organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local, estos “dependen directamente, jerárquicamente y están sujetos a supervigilancia directiva, económica y correccional de las Cortes de Apelaciones respectivas”.

“En razón de lo anterior, son independientes de toda autoridad municipal (alcalde y concejo comunal). De lo que concluye que cualquier investigación debe ventilarse en la instancia judicial que corresponde”, señaló, desestimando el poder del concejo para iniciar la investigación.

La jueza también retrucó que “en conformidad a los artículos 13 y siguientes de la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los Juzgados de Policía Local no forman parte de la organización interna de las municipalidades, por tanto no son un departamento o una unidad municipal, sino que son Tribunales Especiales que se rigen por la Ley 15.231 en cuanto a su organización y atribuciones”.

Además, expresó que la labor de los Juzgados de Policía Local es la administración de justicia, “para lo cual es menester que las funciones juridisccionales que ejercer gocen por Ley de independencia de cualquier poder político”. Respecto a la decisión de remover a la funcionaria, Muñoz expresó mediante la carta que “en conformidad con el artículo 61 de la Ley 18.883, la suscrita está obligada a ejercer un control jerárquico directo sobre sus subalternos, que son los funcionarios de este juzgado y así a las faltas de respeto conductas que no se ajusten a los exigido por la mencionada Ley, en el ejercicio de sus funciones dentro del Juzgado y despacho del Juez”.

Pese a lo anterior, la jueza indicó que puso a la funcionaria a disposición del alcalde. “En el caso particular ventilado por su medio de comunicación, la funcionaria infringió algunas de sus obligaciones funcionarias, por lo que esta Jueza no hizo más que ejercer sus facultades y aplicar la ley al ponerla a disposición del alcalde para su readscripción o destinación a un departamento municipal”. Muñoz es exseremi de justicia y fue nombrada el año 2012 como jueza por el entonces alcalde Raúl Saldívar. En esa época la entonces concejala Margarita Riveros cuestionó su nombramiento, aludiendo a que su elección correspondió a su antigua militancia política: Partido Radical.

CONTRALORÍA REGIONAL

Consultado el alcalde Roberto Jacob sobre la misiva de la jueza, indicó que lo prioritario es otorgar a la afectada la posibilidad de defensa y entregar transparencia al proceso. “Aquí las cosas hay que transparentarlas en su justa medida. Cuando hay hechos denunciados, sea por la jueza o sea por quien sea, y nos pone a un funcionario a disposición, la obligación nuestra es investigar. Hacer una investigación sumaria no es que se le esté haciendo una investigación sumaria al juzgado, la investigación sumaria lo que hace es recopilar los antecedentes y en torno a esos antecedentes tomar las decisiones, pero no podemos de buenas a primeras discernir sin escuchar a la otra parte, así de simple”, indicó de forma categórica.

Consultado sobre la competencia del municipio para realizar el sumario, el edil puso el acento sobre la jurisprudencia para remover a los funcionarios. “¿Entonces quiere decir que no existe la jurisprudencia para sacar al funcionario del juzgado?”, expresó dejando entrever lo paradójico de la situación.

“Lo que es claro es que los funcionarios de los juzgados y de contraloría interna del municipio solo pueden ser removidos con la venía del concejo en pleno y por lo tanto, el concejo tomó la decisión de hacer una investigación sumaria antes de decir si se va la funcionaria. Creo que está dentro de nuestra competencia, no tengo por qué dudar de eso, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa y si el día de mañana ponen a disposición a cuatro funcionarios ¿No puedo preguntar y hacer investigación sumaria? Creo que es una equivocación”, sentenció.

Explicó, además, que el mismo día que se tomó la decisión, solicitó al equipo jurídico del municipio que hiciera la consulta a Controlaría para disipar cualquier duda respecto a lo que se está efectuando. En la misma línea el concejal Robinson Hernández recordó que anualmente el concejo debe dar visto bueno al proceso de calificación de los jueces de policía local y cuestionó el procedimiento de sanción a funcionarios, considerando que en tres oportunidades anteriores ya se había aprobado el traslado de subalternos desde esa repartición pero esta vez se consideró necesario tener claridad sobre los hechos.

“Lo que pasa es que las jefaturas no las ponemos en tela de juicio y cuando el alcalde anuncia un sumario, la respuesta de la jueza en cuestión aparece en un diario local, dejando en entrever que el cuerpo de concejales está errado porque ella no depende administrativamente del alcalde. Si ella misma coloca ante el alcalde y el concejo (el cargo de la funcionaria), con el cual no tiene vinculación. Ahora ahí viene la discusión”, dijo.

Agregó que de ser así a fin de año deberán proceder de otra forma ante el poder judicial. -“A fin de año, con estos antecedentes tendremos que validar la calificación que hace la Corte de Apelaciones hace de los jueces.

Entonces decirle a los jueces que no nos manden la calificación y háganse parte de todo”, señaló. Respecto a si la jueza ha sido citada al concejo, indicó que se sugirió pero no acogieron la solicitud. “Y la rayada de cancha es la carta que mandó a diario El Día (…) El alcalde, a sugerencia del concejo, hará la consulta a la Contraloría sobre si el planteamiento del juzgado se ajusta a la verdad administrativa”, concluyó. 

 

 

 

 

 

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